Los sindicalistas nicaragüenses Freddy Velásquez y Germán Sánchez suspendieron la huelga de hambre que iniciaron hace 31 y 17 días, respectivamente, tras lograr un acuerdo de reintegro con la institución estatal que los despidió en 2008, según ellos, ilegalmente.  Los trabajadores en huelga de hambre, que fueron trasladados a centros asistenciales por su mal estado de salud, suspendieron la huelga de hambre por mediación del diputado conservador opositor Alejandro Bolaños Davis, según el político.  Bolaños Davis dijo en rueda de prensa que gestionó con el titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), Pablo Fernando Martínez, para que reintegraran a los sindicalistas despedidos, lo cual aceptó.  El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), Marcos Carmona, confirmó a periodistas que ambos sindicalistas suspendieron la huelga de hambre tras alcanzar acuerdos con las autoridades.  Según Carmona, el titular del MTI aceptó reintegrar a sus puestos a nueve sindicalistas despedidos y pagar sus salarios atrasados, así como restituir sus derechos como trabajadores y sindicalistas.  Velásquez y Sánchez forman parte de un grupo de 25 sindicalistas del MTI que fueron despedidos hace dos años de esa institución, según ellos por defender el convenio colectivo, aunque esa entidad alega que fue por una supuesta "indisciplina", que ese Ministerio no ha aclarado aún.  Un tribunal de apelaciones de Managua falló hace tres meses a favor del reintegro a sus cargos, aunque los trabajadores acusan al titular del MTI de negarse a acatar la sentencia alegando que apeló ese fallo.

Los magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua anunciaron que van a indagar con los embajadores acreditados en este país sobre la elección de jueces sustitutos, denominados conjueces, para suplantar a magistrados opositores que se niegan a integrar Corte Plena.  "Vamos a pedirle a la Cancillería que nos haga un sondeo sobre la reacción del cuerpo diplomático (acreditado en Nicaragua) sobre esta situación", señaló la presidenta temporal de la CSJ, la magistrada oficialista Alba Luz Ramos, al Canal 12 de la televisión local.  Los magistrados sandinistas eligieron el miércoles pasado a siete conjueces, en sustitución de igual número de colegas liberales, para ejercer funciones en Corte Plena y tratar de solucionar la crisis que afronta este poder del Estado.  "Estamos seguros de que los miembros del cuerpo diplomático viven muy bien informados del acontecer de este país, de manera que si es necesario también vamos a hacer una aclaración", indicó Ramos, que defendió la elección de esos jueces sustitutos.  El Parlamento de Nicaragua eligió en marzo de 2007 a 16 conjueces para sustituir a magistrados en casos de ausencias, recusaciones, estar implicados o que se excusen, de los cuales sólo juramentó a 14.  La oposición desconoce el nombramiento de esos conjueces bajo el argumento que esa ley no está reglamentada ni existe normativa que regule su integración.  Los magistrados liberales se han opuesto a celebrar reuniones de Corte Plena para no legitimar un decreto del presidente del país, Daniel Ortega, que prorrogó el mandato de 25 funcionarios públicos, entre ellos a los magistrados sandinistas Rafael Solis y Armengol Cuadra.  Ortega decidió en enero ratificar y prorrogar en sus cargos a tres magistrados de la Corte Suprema y funcionarios de otras instituciones y poderes del Estado cuyo mandato finalizó este año, facultad que, según la oposición, corresponde al Parlamento.  La Corte está integrada por 16 magistrados: ocho sandinistas y ocho liberales, aunque estos últimos sólo cuentan con seis por la muerte de uno de sus jueces en mayo de 2009, Guillermo Selva, que tampoco ha sido reemplazado y porque Damisis Sirias no se amparó en el decreto de Ortega.  La CSJ afronta una crisis que se agravó el 14 de junio pasado por falta de reuniones de Corte Plena, lo que ha impedido elegir a su nuevo presidente y vicepresidente, así como a los presidentes de las cuatro salas en que se divide el Poder Judicial.